¿Qué pasó?

Un 24 de Marzo, de 1976 comenzó a la 01.00 de la madrugada, la etapa más dura que le tocó vivir a nuestro país.

Las fuerzas armadas dieron la orden del inicio de lo que ellos denominaron “reorganización nacional”, de ahí en adelante, sólo fue ir “tachando de la lista” los objetivos cumplidos.

En primer lugar, se destituyó a la Presidente Isabel Martínez de Perón, quedando detenida y bajo custodia, luego, se abolió completamente la Constitución Nacional, nuestra carta de Derechos, Deberes y Garantías, ya no era nada mas que un monton de papel y por último, la pena de muerte se vuelve lícita al mismo tiempo que los secuestros.

Se formó una especie de comisión, constituída por los tres poderes militares (la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea) quienes el mismo día que inicia esta pesadilla, designan como Presidente a Jorge Rafael Videla, otorgándole el dominio de los tres poderes que hasta ese momento regían (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y destituyendo a todos los Gobernadores, siendo él mismo, el único con autoridad en nuestro país.

Una vez resueltas las “cuestiones iniciales” se dio comienzo a una cacería indiscriminada, a una matanza sin ton ni son, sin motivos; una censura hacia todo lo que no sea acorde a los ideales de la junta, tal y como lo dice el “Comunicado Nº 19” que fue emitido el 24 de marzo de aquel 1976 y decía claramente “Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Por esto mismo, se comenzó a señalar a los “subversores”, catalogados por los tres poderes como personas con “ideología propia”, aparentemente, el octavo pecado capital, que a los ojos de aquel Gobierno de facto, eran guerrilleros, terroristas. Así fueron iniciando los secuestros, torturas, todo de acuerdo al plan, al “programa de acción” de aquel Gobierno.

Todos eran trasladados a campos de detención clandestinos, donde se los sometía a interrogatorios a base de torturas, existían alrededor de 340 centro distribuídos estratégicamente por todo nuestro país. Naturalmente, ninguno sobrevivía, era en ese momento en el que se los arrojaba al Río de la Plata, o se los dejaba morir ahí.

Hubieron dos planes de acción que jamás se olvidarán, “Apropiación de niños” y “La noche de los lápices”, el primero, consistía en eliminar la identidad de los niños, haciéndolos propios por los mismos militares, según el relato “Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos”. El segundo plan, fue la matanza de cientos de estudiantes de la secundaria, quienes habrían integrado un movimiento para conseguir un boleto estudiantil.

Finalmente, a raíz de las excesivas violaciones a los derechos humanos y la derrota a la guerra de Malvinas, abolieron aquel Gobierno de facto, obligando a llamar a elecciones.

Quien tomó el mando del país con el 52% de los votos, fue Raúl Alfonsín.

Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua